Ni el Gobierno provincial ni los intendentes consultados por LA GACETA, oficialistas y opositores, están dispuestos a achicar sus plantas de empleados públicos.
El martes, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, había instado a las provincias y a los municipios a realizar un esfuerzo en materia de austeridad.
El objetivo del Poder Ejecutivo Nacional es reducir, al menos, un 20% el total de los “cargos políticos” en el Estado. Sin embargo, en Tucumán el ajuste estatal parece no encontrar eco entre los referentes, peronistas y macristas, que ocupan cargos con responsabilidad de gestión.
Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia, planteó que la provincia está comprometida -por el denominado Consenso Fiscal firmado en noviembre- a no aumentar la planta de empleados públicos. Sin embargo, remarcó que no está de acuerdo con despedir gente.
Indicó que, según estimaciones, hay 100.000 trabajadores repartidos en los tres poderes del Estado; y que el mayor porcentaje se encuentra en el Ministerio de Educación. A su vez, sostuvo que la provincia hará “todo lo que sea posible” para achicar las cuentas públicas, pero no llegando al extremo de despedir personal.
Intendentes consultados por este diario, incluso, coincidieron en que en sus casos necesitarían más empleados para poder atender la demanda de los vecinos de sus ciudades.
En Yerba Buena
“Nunca debe ser eje de la administración pública despedir gente, sino hacer eficiente la gestión”, remarcó Mariano Campero, intendente de Yerba Buena.
Si bien el macrista planteó que le parece “adecuado” el propósito del Gobierno nacional, subrayó que la intención de su intendencia es mejorar la calidad de los recursos humanos. “Hicimos cursos de capacitación, incluso estamos en el ránking elaborado por el Ministerio del Interior como uno de los municipios de mejor gestión”, destacó el jefe municipal de Cambiemos.
Con respecto a la cantidad de personal público, señaló que Yerba Buena cuenta con aproximadamente 1.200 municipales. “Menos del 1% en relación a la cantidad de habitantes”, comparó. “En el caso del personal, la cantidad depende de la necesidad. Nuestra ciudad tiene un crecimiento demográfico anual del 12%, lo cual exige más trabajadores. Nuestro objetivo es mejorar el servicio, no incorporar gente; todos los días pensamos cómo optimizar recursos”, explicó.
En este sentido, Campero ejemplificó la situación con la reciente incorporación de 70 personas para la Guardia urbana: “el criterio no es la cantidad de contratados, sino la eficiencia y la respuesta ante las exigencias de los vecinos”.
Reconoció que al iniciar su gestión, aproximadamente 25 personas que “no trabajaban” fueron despedidas. Pero admitió que, al día de hoy, recortar sería “polémico” y que los municipales son “reivindicados” por su acompañamiento en la gestión.
En Concepción
También miembro de Cambiemos, Roberto Sánchez, intendente de Concepción, consideró el objetivo de la Nación como una “medida a tener en cuenta para analizar” ya que, en algunos casos, hay una “superpoblación de estructuras”.
Por un lado, sostuvo que un achicamiento del Estado no es necesario en su municipio. “Comparativamente, creemos que no tenemos una gran cantidad de empleados públicos (811 trabajadores) en relación con la población (65.000 personas)”, destacó Sánchez. Por otro lado, planteó que para reducir la planta estatal, el Gobierno nacional debe dar posibilidad de retiros voluntarios e incentivos, como ser el pago por 24 meses.
El jefe municipal resaltó que la reforma propuesta desde el Poder Ejecutivo Nacional no será “compulsiva”, sino gradual y programada con el objetivo de que “los cesados sean captados por los privados”.
En Banda del Río Salí
Darío Monteros, intendente de Banda del Río Salí, cree que el Gobierno nacional no estudió siquiera la medida que propuso Peña.
“Sería impropio debido a la situación social; estamos hablando de seres humanos y familias”, reclamó. Planteó que, desde 2015, su municipio ha reducido un 10% su planta permanente, por lo que ahora cuenta con 850 trabajadores. Sostuvo que habría que evaluar “otras cosas” si es que la Nación precisa un ajuste de las cuentas, “como la “Dirección en Movilidad en Bicicleta, ejemplificó, en alusión a la repartición creada en la Ciudad de Buenos Aires. “Como dirigente peronista, tenemos que defender a los que más necesitan. Peña no puede decir eso así de livianamente; no dimensiona, está cerrado. La gente no está bien abajo, las medidas nacionales le afectan mucho”, reprochó.
En Alberdi
“No estoy de acuerdo con lo que pide Peña, sería muy doloroso”, sentenció Sandra Figueroa, intendenta de Juan Bautista Alberdi, municipio en el que, según informó la jefa municipal, hay 600 empleados públicos en una población de 40.000 habitantes.
En similar sintonía con Monteros, indicó que dejar sin trabajo a muchos de esos empleados sería una “irresponsabilidad”, ya que “está muy difícil conseguir trabajo en otro lado”. La referente peronista remarcó que la situación del interior del país es muy distinta, donde el trabajo suele ser “momentáneo y en el campo”. “Responderemos a lo que disponga el gobernador”, concluyó.
Se calcula que Tucumán cuenta con una dotación de empleados estatales cercana a las 100.000 personas en todos sus niveles. Sin embargo, el Presupuesto sólo contempla los cargos en planta permanente que, aunque varíe por año, supera los 80.000 puestos. Por ejemplo, en el presupuesto 2017, la Provincia contempló una planta estatal de 82.497 personas. Ya en el presupuesto de 2018, que está en curso, se consideró una planta de 84.886 dependientes del Estado (5.524 en la Justicia y 79.362 en el Ejecutivo). Para este año, el Gobierno tiene aprobado erogaciones por $ 67.505 millones para todo 2018. De ese total, el 56,6% del Presupuesto público corresponde a salarios de los empleados. Sin embargo, no están condensados los datos de las 19 municipalidades y de las 93 comunas rurales. Las áreas con mayor cifra de personal, según las proyecciones presupuestarias para el presente año son: Educación (33.903 empleados), Seguridad (11.110) y Salud (17.414).